Turquía se ha convertido en otro más de los países donde se ha prohibido totalmente el consumo de tabaco en bares y restaurantes. Ankara (capital de Turquía) había prohibido el consumo de tabaco en los centros de trabajo, la administración pública y otros lugares públicos, a mediados del 2008 y había acordado con la industria hostelera un aplazamiento de 18 meses.

Llegado el fin de este aplazamiento, y con él la obligación para los propietarios de retirar los ceniceros de las mesas, fijar carteles recordando la prohibición y no aceptar a clientes que se pretendan fumar en el local, Turquía es el nuevo país antitabaco.

Las multas para quienes incumplan con la nueva ley antitabaco van desde las 5.600 libras turcas (unos 2.595 euros) para los empresarios y unas 69 libras turcas (unos 32 euros) para los fumadores.

Cinco millones de agentes han sido formados por el Ministerio de Sanidad turco, que ha contado con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos, para hacer cumplir la legislación.

Croacia es el último país que se une a la lucha contra el tabaco. Esta semana entrará en vigor la ley que prohíbe el consumo de tabaco en todos los lugares públicos cerrados, así lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad del país en un comunicado de prensa.

Este organismo asegura que el objetivo principal de esta ley es proteger a los no fumadores, que representan el 68% de los 4,4 millones de habitantes de Croacia, país en el que hasta ahora, ya estaba prohibido fumar en centros médicos y escolares. Y a partir de esta semana, la normativa afectará también a restaurantes, cafés y otros lugares públicos.

Sólo estará permitido fumar en espacios habilitados a tal efecto, que deben estar debidamente aislados del resto del local.

La violación de esta ley será sancionada con multas que pueden alcanzar hasta los 2.100 euros en el caso de los clientes, y los 21.000 euros para los hosteleros.

Según las cifras oficiales, alrededor de 10.000 personas mueren cada año en Croacia a causa del tabaquismo. Otras 3.000 lo hacen por las consecuencias de estar expuestos al humo.

La Consejería Andaluza de Sanidad, ha iniciado los tramites para hacer realidad la 'Ley reguladora de la dignidad de las personas ante la muerte'. Esta norma permitiría que un paciente en situación terminal tengo el derecho y la libre voluntad de rechazar el soporte vital avanzado o cualquier tipo de tratamiento que pueda prolongar su vida – una existencia que conlleva mucho sufrimiento tanto para el enfermo como para sus seres queridos. Esta ley, también regularía la llamada sedación paliativa.

Maria Jesús Montero, consejera del ramo, confía en que el texto esté aprobado el próximo año, ya que su intención es entregar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el borrador de la nueva ley durante el próximo mes de octubre.

El objetivo principal de esta iniciativa, como es "reducir al máximo la variabilidad de interpretaciones" que se puede producir en este tipo de prácticas que ya se realizan de manera cotidiana en los hospitales. Montero sostuvo que la comunidad autónoma tiene competencias para regular todos los aspectos relativos al proceso de atención para una muerte digna, a excepción "lógicamente" de los dos preceptos que el Código Penal tipifica como delitos: la eutanasia activa y el suicidio asistido.

En tal sentido, la consejera anunció que una de las propuestas del comité de ética es recomendar a la Real Academia de la Lengua, modificar el término eutanasia en sus diccionarios para que quede claro que se trata de una acción, "dirigida a causar la muerte de forma directa a petición de los pacientes". La actual definición habla de 'acción u omisión que, para evitar sufrimientos a pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él' .

"El derecho a la dignidad ante la muerte no implica recibir todo tipo de atención y tecnología para mantener la vida biológica", refirió Montero para finalizar.